No es para nadie un misterio que la próxima asunción del gobierno de Sebastián Piñera tendrá un sinfín de implicancias a nivel político y de gestión gubernamental. No solo se pretende dejar de lado un modelo admnistrativo “poco eficiente”, sino que los tempranos anuncios de reformas laborales han dibujado un panorama menos que favorable para la manoseada clase media. El mismo panorama es el que presenciamos en el ámbito educativo, en la medida en que el futuro ministro no ha tenido jamás vínculos con la educación pública, salvo por su desempeño como alcalde de Las Condes, donde pasó a la administración particular-subvencionada varios liceos municipales. La falta de experiencia en el ámbito sirve como un magro antecedente para el anunciado éxito en lo que a políticas educativas se refiere.

A la cabeza el Ministerio de Educación, se ha puesto a uno de los más reconocidos miembros del Opus Dei en Chile, un grupo influyente y exclusivo, cuyos miembros se caracterizan, entre otras cosas, por un afán evangelizador: “La evangelización que cada fiel de la Prelatura realiza en su entorno es el apostolado más importante del Opus Dei“. Se ha defendido dicha designación desde un punto de vista valórico, asumiendo con ello que la formación desde los valores pasa necesariamente por la adhesión a un credo religioso -a una secta o prelatura, como se prefiera-, cuyo dogma incita a la evangelización desde la santificación del trabajo como único medio de acceso a la Verdad (esa con mayúscula) y a la salvación.

Si bien se han realizado algunos encuentros-puente, sobre la base de la mirada continuista del futuro gobierno, no cabe duda de que la señal dada sobre Educación posee dos rasgos fundamentales que discrepan de la gestión previa: la tecnocracia y el dogmatismo. El segundo de ellos es el más preocupante. Como bien señala Jaime Retamal, el mayor desafío de Lavín será el denominado “Currículum B” o “Currículum oculto”. Desde la reforma educativa impulsada por los gobiernos de la Concertación, dicho elemento se había plasmado en los Objetivos Fundamentales Transversales que, como indica su nombre, cruzan los subsectores de aprendizaje y otorgan orientaciones valóricas, éticas y actitudinales a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, estos, en la práctica, eran frecuentemente ignorados, en tanto el sistema educativo privilegia índices cuantitativos (a saber: puntajes SIMCE y PSU) como una fidedigna fotografía de la educación en nuestro país. En definitiva, da lo mismo formar buenos ciudadanos, personas conscientes y tolerantes, críticas y participativas. Lo realmente importante sería obtener buenos puntajes en Lenguaje y Matemática, o bien, personas capaces de calcular, comprender y expresarse, independientemente de su calidad ética. La formación valórica, así, fue confinada a las fronteras horarias mínimas que se asignan a la clase de Religión, y a las horas de Orientación y Consejo de Curso que, siendo francos, prácticamente ningún estudiante toma en serio.

Esto dice relación con los procesos de regularización de la Educación llevados a cabo desde 1990. El incremento explosivo de la cobertura había dado paso a escasos avances cualitativos, en términos de infraestructura, financiamiento y recursos. Estando estos aspectos relativamente cubiertos, se dio paso a una reforma curricular que atendiese a una necesidad pendiente de nuestra escolarización: el currículum. Los aprendizajes que los alumnos y alumnas obteníamos en ese momento, estaban lejos de ser actualizados. Peor que ello, los métodos de enseñanza se ceñían a un modelo conductista (básicamente de memorización y repetición) obsoleto en gran parte del mundo. El desafío era lograr que los estudiantes construyeran su aprendizaje, mediante una enseñanza participativa, dialógica y atenta a la diversidad. La política en cuestión se enmarca en una necesidad de incrementar el capital humano del país, en vías de propender al desarrollo de este, sobre la base de análisis realizados por la OCDE. Así, la presión ejercida sobre el sistema educativo, sumada a las paupérrimas condiciones laborales de gran parte del profesorado, a su escasa actualización, a una jornada escolar completa que no hizo sino sobrecargar a los estudiantes y docentes, a una negativa rotunda a disminuir el número de alumnos por sala, y a una creciente privatización de la enseñanza, derivó en que gran parte de la formación valórica pasase al olvido. Solamente un tipo de establecimiento fue capaz de sobrellevarla con éxito: la particular-pagada. Esta, vinculada estrechamente a congregaciones religiosas, le ha dado un carácter esencialmente católico.

No es de extrañar entonces que, en el mundo educativo, se vincule valores a religión, hecho que, desde una perspectiva laica, adolesce de una manifiesta incapacidad por abordar la diversidad de credos y culturas presentes a lo largo del territorio nacional. Es menester, en consecuencia, reflexionar sobre la importancia que nuestra sociedad otorga a la formación de personas cuya capacidad de pensar libremente no se vea limitada por dogmatismos de ninguna índole, y sobre las demandas que, como sujetos sociales, realicemos sobre el sistema educativo, en vías de una formación tolerante y socialmente inclusiva.