A la cabeza el Ministerio de Educación, se ha puesto a uno de los más reconocidos miembros del Opus Dei en Chile, un grupo influyente y exclusivo, cuyos miembros se caracterizan, entre otras cosas, por un afán evangelizador: “La evangelización que cada fiel de la Prelatura realiza en su entorno es el apostolado más importante del Opus Dei“. Se ha defendido dicha designación desde un punto de vista valórico, asumiendo con ello que la formación desde los valores pasa necesariamente por la adhesión a un credo religioso -a una secta o prelatura, como se prefiera-, cuyo dogma incita a la evangelización desde la santificación del trabajo como único medio de acceso a la Verdad (esa con mayúscula) y a la salvación.

Si bien se han realizado algunos encuentros-puente, sobre la base de la mirada continuista del futuro gobierno, no cabe duda de que la señal dada sobre Educación posee dos rasgos fundamentales que discrepan de la gestión previa: la tecnocracia y el dogmatismo. El segundo de ellos es el más preocupante. Como bien señala Jaime Retamal, el mayor desafío de Lavín será el denominado “Currículum B” o “Currículum oculto”. Desde la reforma educativa impulsada por los gobiernos de la Concertación, dicho elemento se había plasmado en los Objetivos Fundamentales Transversales que, como indica su nombre, cruzan los subsectores de aprendizaje y otorgan orientaciones valóricas, éticas y actitudinales a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, estos, en la práctica, eran frecuentemente ignorados, en tanto el sistema educativo privilegia índices cuantitativos (a saber: puntajes SIMCE y PSU) como una fidedigna fotografía de la educación en nuestro país. En definitiva, da lo mismo formar buenos ciudadanos, personas conscientes y tolerantes, críticas y participativas. Lo realmente importante sería obtener buenos puntajes en Lenguaje y Matemática, o bien, personas capaces de calcular, comprender y expresarse, independientemente de su calidad ética. La formación valórica, así, fue confinada a las fronteras horarias mínimas que se asignan a la clase de Religión, y a las horas de Orientación y Consejo de Curso que, siendo francos, prácticamente ningún estudiante toma en serio.

Esto dice relación con los procesos de regularización de la Educación llevados a cabo desde 1990. El incremento explosivo de la cobertura había dado paso a escasos avances cualitativos, en términos de infraestructura, financiamiento y recursos. Estando estos aspectos relativamente cubiertos, se dio paso a una reforma curricular que atendiese a una necesidad pendiente de nuestra escolarización: el currículum. Los aprendizajes que los alumnos y alumnas obteníamos en ese momento, estaban lejos de ser actualizados. Peor que ello, los métodos de enseñanza se ceñían a un modelo conductista (básicamente de memorización y repetición) obsoleto en gran parte del mundo. El desafío era lograr que los estudiantes construyeran su aprendizaje, mediante una enseñanza participativa, dialógica y atenta a la diversidad. La política en cuestión se enmarca en una necesidad de incrementar el capital humano del país, en vías de propender al desarrollo de este, sobre la base de análisis realizados por la OCDE. Así, la presión ejercida sobre el sistema educativo, sumada a las paupérrimas condiciones laborales de gran parte del profesorado, a su escasa actualización, a una jornada escolar completa que no hizo sino sobrecargar a los estudiantes y docentes, a una negativa rotunda a disminuir el número de alumnos por sala, y a una creciente privatización de la enseñanza, derivó en que gran parte de la formación valórica pasase al olvido. Solamente un tipo de establecimiento fue capaz de sobrellevarla con éxito: la particular-pagada. Esta, vinculada estrechamente a congregaciones religiosas, le ha dado un carácter esencialmente católico.

No es de extrañar entonces que, en el mundo educativo, se vincule valores a religión, hecho que, desde una perspectiva laica, adolesce de una manifiesta incapacidad por abordar la diversidad de credos y culturas presentes a lo largo del territorio nacional. Es menester, en consecuencia, reflexionar sobre la importancia que nuestra sociedad otorga a la formación de personas cuya capacidad de pensar libremente no se vea limitada por dogmatismos de ninguna índole, y sobre las demandas que, como sujetos sociales, realicemos sobre el sistema educativo, en vías de una formación tolerante y socialmente inclusiva.

Ubicado en un área cultural emergente de Santiago -el eje de Matucana- y frente a un relevante espacio de ocio y paseo de su centro urbano -el bello y frondoso parque de Quinta Normal-, la presidenta Michelle Bachelet y su equipo asesor en la materia han establecido con el Museo de la Memoria una marca en el territorio urbano que instituye la evocación permanente de la peor tragedia contemporánea de la nación.

Sin embargo, la realización del Museo no ha generado, ni a lo largo de su construcción ni en su inauguración, ningún tipo de debate, tan sólo dos actitudes: recriminación u hostigamiento. Cada una de naturaleza y origen muy distintos.

La actitud recriminatoria ha procedido de las numerosas agrupaciones y organizaciones vinculadas a las peticiones de reparación, a la conservación del patrimonio memorial, al desarrollo de la justicia sobre golpistas y torturadores y al restablecimiento de lo verdaderamente ocurrido con detenidos y desaparecidos. Son colectivos que han constituido y constituyen una parte muy importante del tejido democrático chileno. Su reparo al Museo procedía del sorprendente hermetismo que estableció el Gobierno desde que fue proyectada la institución hasta su inauguración, y esa forma de proceder generó desapego y desdén.

La paradoja es que si bien agrupaciones y colectivos nunca habían planteado en sus reclamos una institución de esa naturaleza, la realización del Museo, una de esas instituciones universales “sobre la responsabilidad política y la responsabilidad moral”, es el resultado del cambio cultural producido por la actividad de esas agrupaciones a lo largo de los años. Fue en un paisaje de incomunicación donde se generaron desapego y fricción; sin embargo, la impresionante presencia de visitantes en el Museo, la satisfacción que denotan, el orgullo legítimo que he visto expresar por la existencia misma del edificio, por su belleza y significado, puede facilitar un cambio en las relaciones. Eso dependerá tanto de la gestión del Museo como de la comprensión de la nueva situación por parte de colectivos y agrupaciones. Es una gran ocasión que el cambio de gobierno producido en Chile puede desperdiciar, pero que tal vez ayude a muchos a sentir el Museo como un logro propio.

La segunda actitud hacia el Museo de la Memoria, la actitud de hostigamiento, tiene otra naturaleza. No se trata de un desencuentro como en el caso anterior, sino de una reacción violenta destinada a preservar la dignidad del pinochetismo social y sus alrededores.

El argumentario de ese hostigamiento es bien simple: tras aceptar con una retórica perezosa la bondad de un Museo de la Memoria, desautoriza en términos absolutos la opción de limitar su exposición permanente a los años de dictadura, ya que de ese modo se omiten las causas que a su entender llevaron (dicen unos), justificaron (dicen otros) el golpe de Estado de 1973. Hay víctimas que no aparecen en el Museo, no están todos, faltan los que sufrieron el régimen del presidente Allende, aquellos que no tuvieron más remedio que preparar el golpe, o aplaudirlo, aunque después, cuentan, quedaron sumidos en la pesadumbre por la imagen de su país ensangrentado.

Hay, claro, variables y complementos: Luis Larraín en el extremo negacionista; Roberto Ampuero, la versión equitativa, o Gonzalo Rojas, obsesionado aún en mantener el arquetipo del Mal subversivo. Ésa es la doctrina que a lo largo de casi cuatro años se ha lanzado contra el Museo: un Museo para mentir, un Museo para sesgar, un Museo para dividir.

Pero lo más contundente, y lo más claro, se halla en el editorial que El Mercurio publicó el 13 de enero con el título Memoria respetable, pero parcial. Se trata de un editorial golpista (he pensado bien ese término antes de utilizarlo) en versión humanizada: golpe de Estado, sí; violación de derechos humanos, no. O sea, dictadura sí (sólo cuando es necesaria), violencia no. Es en esta distinción en la que se basa la búsqueda de respetabilidad del pinochetismo social. Y el problema -y éxito- del Museo es que torpedea la línea de flotación de esa retórica.

Parece, pues, que el fondo del asunto es que sólo “aparecen” en el Museo los torturados, los detenidos-desaparecidos, los ejecutados por la dictadura, todo aquello que recogieron las Comisiones Rettig y Valech. Es unilateral: no aparecen todos. Ése es el problema. Sin embargo, eso no es cierto. En realidad todos aparecen en el Museo.

Quienes argumentan que sólo aparece una parte de la sociedad chilena no se dan cuenta -o quizá no quieren darse cuenta- de que esos ciudadanos destruidos por la dictadura no son una historia, o un relato, y aún menos una parte de la sociedad, sino que en realidad incluyen toda la historia, todo el relato contemporáneo que está en debate, y toda la sociedad, puesto que el daño sufrido incluye a los perpetradores directos, y también a los que aplaudieron pero no actuaron, a los que miraron hacia otro lado, a los compungidos y a los horrorizados, es decir, a toda forma de conducta, a toda moral.

Ésa fue la advertencia de Jaspers cuando nos aleccionó sobre el problema de la culpa en la sociedad alemana del Tercer Reich. De las cuatro culpas que estableció -criminal, política, moral y metafísica-, es la última la que nos muestra en qué modo lo sucedido a uno incluye la responsabilidad de otros; en sus propias palabras, “hay una solidaridad entre hombres como tales que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden en su presencia o con su conocimiento. Si no hago lo que puedo para impedirlos soy también culpable”.

Que nadie tema pues estar ausente en el Museo de la Memoria: los restos de Lonquén, de Calama, Pisagua, el retrato de los desaparecidos… todo eso incluye la presencia de quienes lo hicieron posible, de Luis Larraín, por ejemplo, o de El Mercurio sin duda. Todos están presentes, están ahí sin exclusión, está su obra, su legado. Aunque sospecho que es la forma espectral de su presencia lo que disgusta, porque avergüenza. Pasar de la condición de salvapatrias a la de culpable resulta éticamente insoportable, ése es el tema. Lo que conocemos como problema alemán, es decir, cómo fue posible que una sociedad culta y capaz de notables éxitos en todos los campos pensara y generase aquella destrucción sistemática, tiene su versión latinoamericana en Chile, y al fin y al cabo el Museo de la Memoria plantea esa pregunta exponiendo lo mismo que expone el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos, o el de Berlín, o el de París en el Marais.

Nadie está ausente, el problema es que no quieren verse. O que quieren verse distintos a como fueron, a como son.

Fuente: Diario ‘El País’ de España.

Las encuestas publicadas en esta segunda vuelta, sin mayor respaldo por cierto, dan como ganador a Sebastián Piñera por alrededor de un 4 a un 5% respecto a su contendor Eduardo Frei. Por otro lado, la mayoría de la opinión pública, más allá de su votación, piensa que Piñera será el próximo presidente de Chile. Sin embargo, al analizar las cifras históricas desde las elecciones post-dictadura y además, analizando las cifras de la primera vuelta presidencial, las distancias se estrechan considerablemente dejando el escenario abierto para cualquiera de los dos candidatos.

En esta primera vuelta presidencial Sebastián Piñera, obtuvo 3.074.164 votos que significan un 44,06%; Eduardo Frei consiguió 2.065.061 votos equivalentes al 29,60%; Marco Enríquez-Ominami, candidato independiente, alcanzó 1.405.124 votos con un 20,14%; en cuanto a Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos Más, obtuvo 433.195 votos, lo cual representa un 6, 21%. La suma de estos sufragios más el 3.95 % de nulos y blancos hacen un total de 7.264.136 sufragios emitidos, lo que evidencia una leve variación al promedio de sufragios emitidos desde la elección presidencial de 1989 a la del 2005, en la cual se contaron 7.249.281.

Considerando el padrón electoral promedio de las últimas elecciones, para ser elegido presidente se necesitan al menos 3,7 millones de votos. Por lo tanto a Piñera aún le faltarían 600 mil votos, y el único candidato del cual podría obtener algunos votos sería Marco Enríquez-Ominami, que según las encuestas de primera vuelta, un tercio de su electorado apoyaría a Piñera en una segunda vuelta, pero lograr ese tercio aún no tiene ninguna certeza. Por lo cual la conquista de esos votos para alcanzar la votación mínima que han obtenido los últimos presidentes de Chile será sumamente difícil, y requerirá incluir en su programa ciertos proyectos “progresistas”, que pueden generar quiebres dentro de la Coalición, como en parte generó la inclusión de una pareja homosexual en la franja del candidato.

En cuanto a Frei, una desgastada concertación, lo ha llevado a obtener sólo un 29 % de la votación de esta primera vuelta, por lo cual su misión no deja de ser difícil, al tener que encantar la totalidad de los votos de Arrate y la mayoría de los votos de Enríquez-Ominami, pero la ventaja es que en cuanto a proyectos de gobierno, los de ME-O y los de Arrate están más cercanos al proyecto de la Concertación que al de la Coalición por el Cambio.

Sin duda alguna, estas elecciones estarán determinadas por la votación de los adherentes de Marco Enríquez-Ominami, quienes apoyaron una candidatura “progresista”. Por lógica, los votos de Marco deberían transferirse al candidato de la Concertación, pero la incertidumbre de estas elecciones surge debido a que algunos de estos adherentes transfieren su apoyo a Sebastián Piñera, en señal de “castigo” a la concertación o simplemente por “travestismo” político, aún cuando Piñera es el candidato “conservador” y la única asociación que se puede establecer es que ambos apuntan hacia un cambio, pero a mi parecer es un cambio con direcciones diferentes y que no pretende llegar a un mismo punto.

En conclusión, a pesar de las diferencias de ambos candidatos, sus esfuerzos tendrán que apuntar a cautivar el variado electorado de Marco Enríquez-Ominami para lograr la mayoría absoluta en esta segunda vuelta presidencial, cuyos resultados, más allá de encuestas o análisis políticos, los sabremos con seguridad este próximo domingo 17 de enero.

Vuestro voto queda en total libertad, pero hay que tener en cuenta que no da lo mismo por quien votar, y en estas reñidas elecciones, tan solo un voto puede determinar quien sea el próximo presidente de Chile.

Tratando de responder a estas interrogantes, comenzamos analizando la primera de ellas:

¿A qué se debe dicha conducta?

Las investigaciones fundamentalmente se han centrado en los casos de colegios de extrema pobreza y han concluido que los establecimientos más exitosos en este sentido son aquellos que además de estar muy bien organizados, se caracterizan por un clima de convivencia democrática.

«La organización que es exigente y democrática genera contextos que mejoran el aprendizaje y donde no se observa violencia, a diferencia de las organizaciones autoritarias y desorganizadas. Ese último son los contextos que generan la violencia»

- Isidora Mena, psicóloga de la Universidad Católica -

El uso de la violencia verbal, psicológica y física se ha convertido en una forma de vida en la mayoría de los colegios públicos del gran Santiago. Así lo confirmaron los investigadores de la Escuela de Trabajo Social y de Psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano quienes, durante un año, realizaron una investigación psico social en liceos de las comunas de San Joaquín, Lo Espejo y San Ramón. Luego de entrevistar a grupos de jóvenes, docentes y para docentes, concluyeron que la violencia en los colegios es reflejo de la sociedad y que es representativa de los ambientes donde nacen y crecen los jóvenes.

Algunas de las respuestas de los alumnos son: “Es que ahora se cree que entre más malos sean, mejor catalogados van a ser” o, “si no eres violento te pasan a llevar”. Se reconoce también distintos tipos de violencia en los colegios tales como la física (golpes, peleas, riñas, cuchillazos, balazos, sablazos) y psicológica, como “molestar a un compañero hasta que se ponga a llorar por los defectos que tiene”.

¿Quién es el culpable entonces? A mi parecer es una suma de factores negativos que hoy en día se generan en la sociedad a través de distintos medios: televisión, videojuegos, música, etc.

La segunda pregunta planteada es:

¿Cómo enfrentar un fenómeno que involucra en forma creciente a menores de edad?

En mi opinión la violencia de los jóvenes proviene de otros agentes socializadores externos a los recintos educacionales, no se puede desligar de los ámbitos sociales de los que forma parte. Esto se refleja muy bien en respuestas como: “Hay que tomar en cuenta que la educación empieza por la casa. Si tu papá tiene pistolas, obvio que las lleve al colegio. No se puede poner disciplina, buenas costumbres si en la casa hay cosas peores”. Ciertamente la escuela es depositaria de la violencia que caracteriza a los lazos sociales y culturales de una sociedad determinada en un momento histórico particular, sin embargo hay una tendencia al ocultamiento de la violencia que la propia escuela agencia en función o no de su contrato educativo. Por lo que la mejor forma de enfrentar dicha situación es por medio de la comunicación en el núcleo familiar, estar al tanto de lo que ocurre en el medio en el que los hijos se desarrollan.

Y por último

¿De qué manera se puede prevenir en el tema?

Entre las propuestas planteadas está rebajar la edad de la responsabilidad penal o la puesta en práctica de medidas de control en los colegios, como detectores de metales y la inspección de las mochilas. Pero aquello tiene sus “pro” y “contra” ya que se trataría al alumnado poco menos que como “criminales” lo cual no es bueno para el ambiente educacional en general.

Otra propuesta para disminuir el uso de la violencia en los colegios que se caracteriza por la utilización de un lenguaje grosero, ofensivo, descalificador (sobrenombres, burlas, amenazas llegando hasta el enfrentamiento con diversas armas blancas) nace la necesidad de instalar el tema en el debate público; en los procesos de Reforma Educativa promovidos desde el Ministerio de Educación y en el quehacer cotidiano de los propios establecimientos educacionales. Estiman que la única solución es reconocer la gravedad del problema y determinar políticas que propendan al desarrollo de una efectiva cultura democrática.

¿Qué soluciones propones tu?